Análisis crítico do anunciado Plan de Recuperación e Resiliencia do Goberno español

(Nos pasados días a revista Contexto publicou en dúas partes unha crítica de Manuel Casal Lodeiro, coordinador do Instituto Resiliencia, aos aspectos relativos á resiliencia no anunciado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia do Goberno de España. A continuación reproducimos o texto de maneira integral.)

Plan de recuperación… ¿y resiliencia? (Partes I y II)

La resiliencia es un concepto que se ha venido introduciendo en la terminología habitual de los discursos y políticas públicas en los últimos años, proceso que parece haber cobrado mayor impulso a raíz de la pandemia de COVID-19. Así, el pasado día 7 de octubre, con una vistosa puesta en escena, el presidente Sánchez presentaba las líneas maestras de lo que su gobierno ha bautizado como “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”, y que no es sino el marco a través del cual el gobierno PSOE-UP pretende canalizar los 140 mil millones de euros que corresponden a España durante el próximo sexenio en el reparto de fondos “Next Generation EU” de la UE para salir de la situación económica en la que ha sumido a sus Estados miembros el virus SARS-CoV-2.

De dicha denominación no debería sorprendernos el léxico relativo a la “recuperación”, que junto con el de “reconstrucción” y “reactivación” domina el discurso de política económica en los últimos meses de pandemia, tanto a nivel gubernativo como parlamentario y también a escala autonómica, local e incluso internacional. Apréciese, en todo caso, que en dichos términos el prefijo “re” nos trasmite la engañosa idea de volver a lo que teníamos, aunque esto no excede el marco del pensamiento político y social mayoritario. Tampoco choca la palabra “transformación”, cercana semánticamente a la de “transición” empleada principalmente en la actualidad en dos ejes, el “ecológico” y el “digital”, que se nos asegura, son compatibles e incluso sinérgicos. La yuxtaposición de ambos conceptos, “recuperación” y “transformación”, nos trasmite el mensaje de que “vamos a cambiar algunas cosas para volver a tener lo que teníamos antes o incluso algo mejor”. Pero lo que sí resultará novedoso para la mayoría de la población —y puede que hasta un tanto críptico— es eso de la “resiliencia”. Bien es cierto que dicho término se viene usando desde hace décadas en áreas del conocimiento como la ingeniería, la psicología o la ecología, y en términos comunes a todas ellas cabe definirlo como “la capacidad de un sistema de absorber los choques o presiones externas y de reorganizarse, sin perder su estructura, función e identidad esencial”. No obstante, resulta muy pertinente preguntarnos a qué resiliencia se refiere el gobierno español en este plan y a quién o qué pretende hacer resiliente, y que debemos interpretar que hasta ahora no lo era o, al menos, no en grado suficiente.

De lo que se ha trasmitido hasta ahora de dicho plan (aún no desarrollado) podemos percibir que se refiere en general a hacer resiliente “la economía española”, y en concreto a las “infraestructuras y ecosistemas” (uno de los diez proyectos tractores, al que se le asigna el 12% de los fondos del Plan), que el discurso de presentación de Sánchez vinculaba con la “protección de la biodiversidad”. De manera similar, en el documento presentado (p. 21) también se especifica la “resiliencia del litoral”. Al final del mismo habla así mismo de “una sociedad solidaria, madura, flexible, resiliente, disciplinada, abierta a los cambios”. Así pues, parece que apunta a hacernos más resilientes tanto como sociedad, como economía y también a nuestros ecosistemas, objetivos sin duda muy loables y necesarios en este momento histórico. Aunque en el desglose del Plan se amplía el foco, multiplicando (¿dispersando?) objetivos, ya que se mencionan también otros terrenos: “resiliencia financiera” —relacionándola con el déficit público (p. 15)— y “resiliencia de las redes de telecomunicaciones” (p. 22).

Pero analicemos hasta qué punto esta estrategia para hacernos más resilientes se corresponde con el tipo de resiliencia que necesitamos y si resulta compatible con otros objetivos del mismo plan o con la política que en su conjunto persigue el gobierno PSOE-UP para España. Para empezar, y por si a alguien le quedaba alguna duda, Sánchez explicita que estamos ante un plan “para una nueva modernización de España”. Y esto debería despertar ya las primeras alarmas a quien conozca algo acerca de la evolución história de la resiliencia social, puesto que es conocido que las sociedades y las economías modernas, capitalistas, industriales y mundializadas son mucho más potentes, más eficientes, capaces de logros jamás alcanzados por ninguna civilización anterior de la Historia… pero también es bien sabido que el precio que han pagado por ello es precisamente el hacerse menos resilientes. Esto sucede tanto a nivel del conjunto de la civilización industrial, como a nivel de un Estado, de una ciudad, una familia, un trabajo, una tecnología, etc. Al sacrificar las economías locales —en buen grado autosuficientes, autocentradas y autogobernadas, basadas en el sector primario, generalistas y muy diversificadas— por una intensa especialización dirigida por el comercio internacional y las necesidades de los inversores capitalistas, hemos dejado por el camino nuestra resiliencia económica: cualquier crisis económica cíclica, cualquier interrupción de suministros importados, cualquier incidencia geopolítica, pueden causar gravísimos trastornos en toda la cadena de sectores económicos cada vez más interdependientes y, por supuesto, en sus empresas y plantillas. Basta remitirse a cualquier época en la historia del capitalismo para encontrar ejemplos de este tipo de perturbaciones, más frecuentes cuanto más nos adentramos en el capitalismo mundializado de base financiera.

Esta fragilidad, sin duda, se ha visto agravada por el sistema de abastecimiento just-in-time propio de nuestra época, que gana en eficiencia económica al precio de perder resiliencia (no se mantienen stocks en almacén y cualquier interrupción en la cadena de suministro provoca el debastecimiento inmediato de las empresas). Así, uno de los siete principios para la resiliencia ecosocial definidos por el Stockholm Resilience Centre es la redundancia, algo totalmente contrario al concepto hegemónico de eficiencia entendido al estilo productivista capitalista. Al respecto, indica el economista Vicent Cucarella: “Habría que redefinir qué se entiende por eficiencia. Actualmente, el análisis de la eficiencia está reñido con los recursos ociosos. Sin embargo, sin estos recursos ociosos no se tiene capacidad de maniobra cuando llega una urgencia (lo hemos vivido con los respiradores, las camas UCI, inicialmente con las mascarillas, etc. y desde la perspectiva de los servicios también lo hemos vivido con la falta de personal especializado).”

Este fenómeno se da en todos los niveles en la tecnoesfera capitalista industrial: un coche moderno repleto de electrónica es más eficiente, sin duda, que uno de hace 40 años que apenas contenía más que mecánica y electricidad básicas. Pero el más mínimo fallo en sus chips puede convertir al primero en una tonelada de material inservible (hasta que se sustituye el chip dañado, probablemente fabricado por una única fábrica en todo el mundo, situada a miles de kilómetros), mientras que el segundo es mucho más sencillo de mantener en funcionamiento sin disponer de piezas electrónicas y con un diagnóstico manual realizado por cualquier taller mecánico. El ejemplo lo podemos replicar prácticamente en cualquier aspecto de nuestras modernizadas economías, con cualquiera de los aparatos domésticos o de uso industrial en todos los sectores, por no hablar de los procesos: cualquiera de nosotros habrá experimentado más de una vez el bloqueo y frustración absolutos cuando falla un ordenador o su software a la hora de hacer un trámite en un organismo público o en una empresa privada que hace no tantos años era mucho más resiliente, e incluso rápido, al hacerse manualmente.

Por tanto, no resulta tan obvio concebir una modernización compatible con una mayor resiliencia, pues por lo general la modernización aporta a la sociedad mayores comodidades, funcionalidades, eficiencia económica o incluso energética (aunque cada vez menos, por los rendimientos marginales decrecientes), pero rara vez trae más resiliencia, que es una característica inherente a los sistemas simples y generalistas, como eran precisamente los que ahora denostamos por atrasados o poco “modernos”. Aquí resulta muy llamativo que el Ministerio de Economía, aparte de utilizar el eufemismo “retos” para sustituir la “A” de “Amenazas” en el cuadro DAFO de la digitalización en España presentado el mismo día de la presentación del presidente Sánchez, no mencione este fenómeno de que a mayor complejidad tecnológica, menor resiliencia, ni tampoco las amenazas que implican el auge promovido de las TIC en un contexto de inseguridad energética y la necesidad de materiales escasos procedentes de otros países para mantenerlas en uso durante su extremadamente corta vida útil antes de que se active su obsolescencia programada y haya que mandarlas a contaminar algún basurero del Sur del mundo. Y, por supuesto, tampoco aparece el riesgo del que lleva tiempo advirtiendo la neurociencia: una excesiva dependencia de lo digital, ademais de problemas de adicción, causa estragos en la capacidad cognitiva. ¿Acaso se ha tenido en cuenta estos lados oscuros de la digitalización en los planes ministeriales para una acelerada introducción de las TIC en el sistema educativo español? Todo apunta a que no, a que estamos de nuevo en un impulso acrítico de la tecnología digital.

Dentro de esta modernización, la apuesta por un proceso acelerado de digitalización también en la economía que viene realizando este gobierno ya desde antes de la pandemia, constituye un caso evidente de contradicción con el objetivo de una mayor resiliencia, lo que se uniría al problema de su incoherencia con los objetivos necesarios para una Transición Energética que nos lleve a funcionar en un par de décadas sólo con energías renovables. Es cierto que en un sociedad que camine hacia la resiliencia puede y debe tener su lugar el uso de las redes telemáticas e incluso una promoción de un cierto tipo de teletrabajo de bajo impacto energético justificado en cifras; es decir, basado en un análisis coste-beneficio desde diversos puntos de vista, con especial hincapié en el ecológico-energético: por ejemplo, ahorro de emisiones por desplazamiento en vehículos privados movidos por petróleo vs. emisiones derivadas del consumo eléctrico por un incremento del uso de Internet. Así, cabría concebir e identificar procesos específicos en sectores concretos donde una digitalización supeditada y dirigida al objetivo global de la resiliencia pudiera ayudar a mejorar esta. No obstante, y debido a que no se realiza de una forma crítica y guiada por análisis holísticos de coste-beneficio, el efecto más habitual de la digitalización es justamente el contrario. Un proceso digitalizado es, por norma general, más eficiente pero menos resiliente que su contrapartida analógica, y al incrementar la complejidad general de la sociedad conlleva nuevos riesgos y necesidad de invertir en nuevos tipos de resiliencia, habitualmente costosos. Esto, precisamente, se puede comprobar de manera clara en el sector sanitario. Con “lo digital” pasa lo mismo que con “lo moderno”: se considera positivo per se, simplemente por el hecho de serlo, y no se ha variado un ápice esa consideración irracional (Jorge Riechmann suele hablar de tecnolatría) y acrítica a la luz de la necesidad de concebir la energía de otra manera ni de la balanza eficiencia-resiliencia que cobra ahora tanta importancia.

Pero sin duda hay otro punto mucho más claramente incompatible con la resiliencia en los actuales planes del gobierno. El presidente español afirma: “No se trata sólo de recuperar el PIB que nos arrebató la pandemia, sino de crecer de una nueva manera. Más fuerte y justa, más competitiva y sostenible.” Crecimiento sostenible, el oxímoron más dañino y persistente de las últimas décadas, que ahora además —nos dice Pedro Sánchez— debe ser “más fuerte”. Sin embargo, resulta difícil concebir que una economía dirigida a conseguir un imposible (no se puede sostener indefinidamente el crecimiento en un planeta finito, y todos los indicadores muestran que ha llegado el momento no sólo de detenerlo sino incluso de revertirlo en muchos sectores) pueda al mismo tiempo ser resiliente. O ¿acaso es resiliente un vehículo lanzado sin frenos contra un muro inamovible? Ese es el panorama al que nos continúa dirigiendo este gobierno (y, hasta el momento, prácticamente todos los del mundo, excepto quizás Bután, que por cierto, es el único país del mundo que absorbe más carbono del que emite). Ya lo advertía Dennis Meadows en un memorable discurso ante el Club de Roma al cumplirse los 40 años de la publicación de la obra que supuso el primer gran golpe al mito del crecimiento perpetuo, Los límites del crecimiento (1972): debemos abandonar ya el objetivo del “desarrollo sostenible” porque llegamos tarde, ahora tan sólo queda buscar una mayor resiliencia ante el inevitable impacto contra los límites.

Tampoco parece que entienda muy claramente nuestro presidente cuáles son los sectores más resilientes y los menos dentro de nuestra economía pues, acto seguido de congratularse de que “ocupamos el primer lugar en superficie de agricultura ecológica en la Unión Europea” se felicitaba porque España es “el segundo destino más popular del planeta”: a la vista está que una pandemia puede acabar de un plumazo y durante un periodo indefinido con el turismo internacional, ya gravísimamente amenazado por el final de los combustibles fósiles (la aviación comercial será uno de las primeras víctimas del declive del petróleo, llevan tiempo avisando los expertos; pese a ello el gobierno español acaba de rescatar a una aerolínea, es decir, a una empresa perteneciente a uno de los sectores menos viables de nuestra economía). ¿Nos hace resilientes depender del turismo como primer sector de la economía?, cabría preguntarle al presidente. Sólo hace falta un virus (que tarde o temprano iba a llegar, y más que vendrán, avisa la epidemiología y la ecología) o una falta de keroseno (llegará antes o después, puesto que no hay combustible alternativo capaz de sostener la descomunal flota aérea comercial en el aire muchos años más) y ese sector económico se verá reducido a un turismo doméstico muchísimo más modesto. A la vista está que el gobierno español pretende “descarbonizar” la economía y hacer la “transición energética” manteniendo al mismo tiempo “todos los sectores de la economía”, pues pretende hacerlos “resilientes” (p. 22 del Plan). Eso implica no entender el nivel de cambios a que nos expone dicha transición: habrá sectores que tendrán que desaparecer o cuyo tamaño y peso en la economía se reducirán enormemente al desaparecer el petróleo primero y después el gas natural y el carbón que los sostienen (automoción, turismo de masas, aeronáutica, petroquímica, fertilizantes de síntesis, etc.). Lo de “no dejar a nadie atrás”, lema que no se cansan de repetir todos los miembros del gobierno, no se refiere sólo a las personas, no: pretenden salvar todas las empresas de todos los sectores, por insostenibles que sean.

Sin embargo, es imprescindible aceptar un cierto grado de triaje civilizatorio si pretendemos hacer más resilientes las funciones básicas de la sociedad: renunciar a lo prescindible, para asegurar lo imprescindible. Los sectores económicos van y vienen, sufren trasformaciones muy profundas, trasvasan miles de trabajadores de unos a otros en cuestión de pocos años, cierran y abandonan capital construido y crean otro nuevo en función de los condicionantes económicos y de recursos disponibles, y esto sucede cada vez que se produce un cambio civilizatorio de importancia, y el que tenemos ante nosotros es sin duda de un calado mayor que el que supuso el propio despegue de la Revolución Industrial, pues deberá ser realizado en mucho menos tiempo: no tendremos siglo y medio para desarrollarlo completamente, sino tan sólo unas pocas décadas. Aunque quienes han analizado el alcance real de lo que implica la Transición Energética indican que requeriría dedicarle una economía de guerra durante décadas, el Plan presentado destinará apenas el 9% de los fondos recibidos de la UE a dicha transición, mientras que a la digitalización (altamente consumidora de recursos y energía) se dedica casi el doble (17%). Parece claro que el gobierno no está percibiendo correctamente el alcance ni la dirección de los cambios que se avecinan, y esto es una mala base para cualquier intento por mejorar nuestra resiliencia.

Por otro lado, se afirma que el Plan de Recuperación está inspirado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que ya critiqué por incoherente en estas mismas páginas, y por ello no me volveré a extender aquí. Baste identificarlo como otro mal sostén para un plan hacia “una España próspera y resiliente”.

No obstante, el apartado en el que se anuncia “la preservación de la biodiversidad, el cuidado de los hábitats naturales, la restauración de humedales, los bosques, la restauración de ecosistemas vulnerables, la gestión de los recursos hídricos y la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático” parece ser lo único que apunta hacia una resiliencia real, aunque sólo sea a un nivel ecológico concebido, lamentablemente, como si estuviera desconectado del resto del metabolismo económico. El gobierno no parece reconocer que al continuar persiguiendo el crecimiento en todas las áreas de la economía, se estarán perpetuando las emisiones y la contaminación de todo tipo que actúan justo en la dirección contraria. Este es el conocido problema derivado de considerar la ecología un aspecto más de la acción política, y no el fundamento de todo el funcionamiento de una sociedad, es decir, la falta de una visión integral, holística, del funcionamiento del metabolismo socieconómico dentro del sistema ecológico. “Representan una inversión cuya rentabilidad se expresa en términos de protección de la salud, bienestar de los ciudadanos y seguridad económica”, afirma acertadamente Sánchez, pero todo el resto de su discurso demuestra buscar tan sólo una rentabilidad económica que sabemos de sobra a estas alturas que casa mal, en el modelo capitalista e industrial, con esa protección de la salud y de los ecosistemas. “Apostamos por las soluciones basadas en la naturaleza”, asegura el presidente en Twitter, pero no es cierto: esas medidas que denomina “soluciones” (no hay solución al caos climático, tan sólo mitigación más o menos contundente y adaptación) se basan claramente en la economía, y para más inri en una determinada concepción de la economía, separada artificiosamente de la naturaleza de la cual depende, y orientada al lucro privado, en absoluto a “hacer un país más resiliente” ni al bienestar social. Porque vamos a ver: ¿cuándo el Ministerio de Transición Ecológica ha impuesto sus criterios o sus objetivos al de Economía o al de Hacienda? Más bien es siempre al contrario, y la apuesta obsesiva por el crecimiento perpetuo (antítesis de lo “natural”) lo demuestra. Se admite, se tolera lo ecológico, lo “verde”, lo “basado en la naturaleza” sólo mientras no se salga del marco definido por lo económico, interpretado según dicta el capitalismo industrial neoliberal financiarizado y mundializado.

Llegados a este punto tenemos que preguntarnos: entonces, ¿cómo debería ser un auténtico Plan para la Resiliencia, coherente y efectivo? En una próxima continuación del presente texto trataremos de aportar algunas ideas en esa dirección.

Decíamos en la primera parte de este texto que el borrador presentado por el gobierno español para un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tenía poco realmente útil para lograr el tercero de sus declarados objetivos, y que más bien nos encaminaba hacia una España menos resiliente. Así pues, cabe aportar ahora desde la más contundente de las críticas algunas ideas constructivas. En primer lugar, y pese a la dificultad inherente a definir lo que es en realidad una sociedad resiliente, deberíamos comenzar identificando como sociedad las amenazas que afrontamos, los riesgos ante las cuales queremos ser más resilientes, porque una resiliencia genérica ante cualquier tipo de amenaza es casi imposible de concretar en políticas prácticas. Necesitamos diagnosticar claramente los peligros para ser capaces de prepararnos ante ellos. Por usar nuevamente el símil del choque: necesitamos saber de qué lado vendrá el impacto para protegernos adecuadamente. En el momento actual parecen claras al menos tres grandes amenazas: 1º) el caos climático; 2ª) el declive energético (y de otros recursos críticos); y 3ª) —antes poco reconocida pero ahora omnipresente— la amenaza de infecciones emergentes en forma, especialmente, de pandemias. Lamentablemente, de estas tres tan sólo se explicita en el Plan presentado la resiliencia “frente el cambio climático” (p. 12). Sin embargo son gravísimas amenazas las tres, que afectan o afectarán en el futuro inmediato a todas las sociedades humanas, con sus asimetrías en cuanto a las los momentos del impacto y a sus potenciales consecuencias: no es lo mismo la amenaza del caos climático para una nación insular del Pacífico que para Rusia, ni siquiera es equivalente para Valencia o Cantabria, ni implica lo mismo el agotamiento de los combustibles fósiles para Arabia Saudí que para España, etc. Una vez identificadas, podemos comenzar a estudiar, con ayuda de las personas expertas en estos campos y tomando buena nota de los efectos ya palpables, aprendiendo de la experiencia, cómo prepararnos para minimizar sus consecuencias en nuestras economías, ecosistemas y sociedades.

Estas tres grandes amenazas son en realidad tres grandes campos de amenazas, de los que surgen o se derivan amenazas más concretas en segundo grado que son las más perceptibles y cuyo impacto resulta más fácil medir. Así, hemos comprobado que una pandemia puede implicar amenazas muy específicas para el sostenimiento de las funciones esenciales de nuestras sociedades como son: la interrupción de suministros procedentes del exterior en todo tipo de sectores económicos, la saturación de las instalaciones sanitarias, la desatención de otro tipo de problemas sanitarios, el aumento de trastornos psicosociales, el cierre de diversos tipos de empresas, problemas de orden público, una crisis en el sistema educativo, etc. Del mismo modo, el caos climático implica: aumento en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, cada uno con sus efectos específicos (inundaciones, tormentas, olas de calor, huracanes…), perturbaciones graves en la producción agrícola, ganadera y pesquera, incremento de los incendios forestales, aumento del flujo de refugiados climáticos, aumento de ciertas patologías, migración de patógenos de otras latitudes, etc. Y el mucho menos reconocido declive energético conllevará problemas de enorme trascendencia: desabastecimientos de determinados tipos de combustible, reducción o interrupción del comercio internacional, quiebra de empresas según su grado de dependencia de estos combustibles, desempleo masivo, desaparición de determinados productos procedentes de la industria petroquímica, reducción de la producción agroindustrial de alimentos, racionamientos y cortes en el suministro eléctrico, potencial desorden público, etc.

Dicho lo cual, tampoco podemos olvidar que existen amenazas de otros tipos, potencialmente muy graves, que un gobierno cabal tampoco debería dejar de lado, como son las tormentas geomagnéticas de origen solar, los accidentes nucleares y en industrias químicas, los terremotos, los ataques informáticos, el terrorismo, los golpes de Estado o los ataques bélicos. Afortunadamente para algunas de ellas sí se han establecido planes de contingencia a nivel autonómico, nacional o internacional (protección civil y la inteligencia militar son los que más atención suelen prestarles, aparte de determinadas autoridades sectoriales como en el caso de la energía nuclear). Sin embargo, inexplicablemente, parecen fuera del concepto de resiliencia que tienen en mente en la actualidad nuestros gobernantes, como si de pronto, con la COVID-19 hubieran desaparecido todos ellos, como si su probabilidad se hubiera reducido a cero. No está de más recordar aquí que el riesgo es el producto de la probabilidad de un suceso multiplicada por su gravedad.

Una vez conocidos los campos de amenaza resulta imprescindible construir indicadores que puedan medir a diversas escalas los niveles de resiliencia social, económica, comunitaria, ecológica… Idealmente la medición y vigilancia de dichos indicadores debería llevarse a cabo desde un observatorio, herramienta aplicada frecuentemente a las políticas públicas, muy útil en otros numerosos campos. No podemos tomarnos en serio los planes de un gobierno que no empiece estableciendo estos indicadores, cuya importancia debería ser puesta al mismo nivel que los indicadores macroeconómicos convencionales, o incluso por encima de ellos, dedicándoles todos los recursos necesarios y comunicando su contenido, significado y evolución a la ciudadanía con la misma asiduidad y detalle que se hace con el PIB, la tasa de paro o el déficit público. Y la evolución de estos indicadores de resiliencia debería ser objeto de intenso debate político en los parlamentos, en todas las instancias de gobierno y en los medios de comunicación social.

La buena noticia es que no hay que partir de cero en esta urgente labor. El gobierno español cuenta con trabajos muy interesantes como, por ejemplo, el realizado por Solidaridad Internacional Andalucía en el proyecto Horizontes ecosociales – Indicadores para la resiliencia local y la justicia global, o el trabajo que viene realizado desde 2007 el prestigioso Stockholm Resilience Centre. Los primeros han construido unas herramientas con el foco puesto en la justicia global, que permiten entender que pueden existir sociedades resilientes que sean “justas” o “injustas”, y los segundos un dilatado trabajo con el foco situado en el eje ecológico-social. Cabría en este ámbito situar también los trabajos que a partir de la constatación del declive energético que tenemos ante nosotros ha realizado el Post Carbon Institute así como los que, en torno a diversos indicadores de resiliencia local, se han venido elaborando desde 2004 en el seno del movimiento de las Transition Towns. Y es que precisamente el enfoque local parece otro gran ausente del planteamiento del gabinete de Sánchez, que lo elabora todo en un marco de escala estatal cuando otros gobiernos de nuestro entorno llevan casi una década elaborando planes para la resiliencia local, o al menos un marco para su promoción desde el poder central.

Así pues, y para ayudar a construir desde lo concreto, aunque sin pretensión de desarrollar todo un plan alternativo al presentado por el gobierno español, cabría apuntar algunas de las características que debería tener una sociedad como la española para ser más resiliente, y que por tanto necesitaríamos promover desde el poder estatal:

Hago notar que las medidas no están ordenadas según importancia y que la tabla es una simplificación de lo que debería ser una tabla de tres dimensiones que permitiese concretar la potencia de los efectos sobre diversas resiliencias: al menos la ecosistémica, la económica, y la comunitaria-local. Se ha simplificado reflejando el efecto previsible que resumiría el efecto realimentado entre todos esos niveles.

De entre todas estas sugerencias, una de las medidas sin duda prioritarias en estos momentos (al menos comenzar a ponerla sobre la mesa), por su actuación tractora sobre las tres resiliencias, sería la apuntada por Pedro Prieto al respecto del impulso público a un movimiento demográfico de retorno al campo: “La densidad humana que crean [las macrociudades] y a la que obligan, es el principal vector pandémico; son las que permiten y favorecen una sociedad urbana industrial y tecnológica que provoca el calentamiento global y generan una huella energética brutal, con una demanda exagerada, que hace que no se perciba cuándo se sobrepasa la capacidad de carga y da a los ciudadanos la sensación de que no hay límites”. Precisamente los datos que se han venido publicando a lo largo de estos meses de pandemia demuestran que el sector agrario es el que mejor ha resistido los efectos económicos de la misma. Esto debería hacer reflexionar al conjunto del gobierno acerca de cuál es el sector más interesante sobre el que asentar la resiliencia de la economía española: quizás deberíamos comenzar a pensar en el trasvase de trabajadores empleados en la actualidad en sectores muy poco resilientes, como el turismo, a sectores que demuestran fortaleza ya en la actualidad y que además sirven directamente para la satisfacción de necesidades básicas, como es la alimentación. Se habla mucho de flexibilidad en la economía, de adaptarnos a los nuevos tiempos, pero luego en la práctica parece que existe una resistencia y una rigidez poco comprensibles a la hora de poner sobre la mesa la necesidad de la reubicación de trabajadoras y trabajadores en empresas o sectores diferentes a los actuales. Las opciones típicamente se limitan a rescatar empresas, incluso se sugiere a veces nacionalizarlas, pero parce un tabú de nuestra política económica admitir la necesidad de reconvertirlas o directamente cerrarlas y recolocar sus plantillas en otros sectores más sostenibles y que contribuyan a mejorar la resiliencia del conjunto de la economía.

Esta re-ruralización estaría situada dentro de los “nuevos equilibrios” que identifica Joseba Azkarraga en “Resiliencia local y comunitaria ante la crisis sistémica” (contribución al libro Nuevas miradas sobre la resiliencia): “entre consumo y austeridad, industrialismo y neorruralidad, tecnología y tradición, globalización y relocalización”. Para buscar esos nuevos equilibrios es necesario fomentar en todos esos ejes la tendencia contraria a la actual y medir permanentemente la contribución de esos re-equilibrios al bienestar inmediato por un lado, y al bienestar futuro por el otro (resiliencia). Como apunta Azkarraga y de manera unánime quienes estudian la perspectiva de una sociedad con una reducción de energía barata de alta densidad energética, “la relocalización de las actividades humanas es inevitable”. A partir de esa limitación energética cabe trabajar las otras resiliencias, muchas veces sinérgicas, como muestran las columnas de la tabla anterior. El resultado, sociedades más autosuficientes, característica macro que puede resumir muchas de las características que hemos intentado detallar: “Una comunidad con alto grado de autosuficiencia en la satisfacción de sus necesidades estará mejor preparada que aquellas sociedades que dependan de sistemas globalizados para satisfacer las necesidades básicas de energía, transporte, vivienda, sanidad o alimentación” (ibid). Por tanto buscar la resiliencia implica ineludiblemente buscar altos grados de autosuficiencia: aplíquese eso tanto a los combustibles para mover los tractores y camiones que suministran alimentos a la población como a la fabricación local de mascarillas para una pandemia respiratoria o de los equipamientos médicos imprescindibles en las UCIs de nuestros hospitales.

Antes de finalizar, quiero agradecer sus valiosas aportaciones a esta tabla de medidas para la resiliencia a las siguientes personas: Antonio Turiel (físico del CSIC y autor de Petrocalipsis), Pedro Prieto (ingeniero, Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos), Vicent Cucarella (economista, Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana), Luis González Reyes (responsable de currículos ecosociales de FUHEM, co-autor de En la espiral de la energía y coordinador metodológico de Horizontes Ecosociales), Marian Rubín Gómez (epidemióloga del Servicio Andaluz de Salud), Carlos de Castro (Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, autor de la Teoría Gaia Orgánica) y Joseba Azkarraga Etxagibel (sociólogo, profesor en la Universidad del País Vasco, investigador en transición socioecológica).

Recomiendo humildemente a la nueva Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que acuda a estas y otras personas que llevan tiempo aportando ideas para construir una España verdaderamente resiliente. Y que aprendan con humildad de las iniciativas locales que por todo el mundo atesoran ya una larga experiencia práctica construyendo comunidades más resilientes. Necesitamos ambos niveles, que actúen de manera coordinada y respetando los propios ámbitos, desde arriba y desde abajo, puesto que como muestra la historia la actuación top-down es adecuada a la escala territorial amplia y la bottom-up a la local. No podemos prescindir de ninguno de los dos si queremos alcanzar la resiliencia. Eso sí, cuando estas propuestas entren en conflicto con las procedentes de otros intereses empresariales o financieros, que no le tiemble la mano al gobierno a la hora de priorizar, puesto que si nos empeñamos en mantener el mismo rumbo que llevábamos antes de penetrar en unas aguas plagadas de descomunales icebergs que ya tenemos ante nosotros, si no logramos ser resilientes ante ellos a tiempo, ya estamos viendo un pequeño anticipo de lo que nos espera. La resiliencia no es algo que añadir como coletilla de moda a un plan continuista, no es en absoluto compatible con el business-as-usual, porque es precisamente este el que nos ha fragilizado, el que ha convertido en vulnerables a nuestras sociedades, el que nos ha llevado a perder una resiliencia que hemos sacrificado a cambio de un corto periodo en nuestra historia de crecimiento exponencial, un irrepetible pulso de exuberancia energética y material que, lejos de hacernos más fuertes como especie, nos ha dejado más expuestos a riesgos civilizatorios de lo que nunca jamás habíamos estado.